La presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre una propuesta para sustituir la Directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD) de 2014 por la Ley de infraestructura gigabit (GIA).

La GIA es una pieza legislativa esencial para alcanzar los objetivos y metas de conectividad de Europa, tal como se establecen en la brújula digital de la UE para esta década, y para desplegar las redes de comunicaciones electrónicas de próxima generación en la UE.

 

 

"En Europa, el despliegue de fibra y 5G podría ser mucho más fácil con menos administración. Estamos abordando esa carga administrativa a través de la llamada Ley de Infraestructura Gigabit. Hemos llegado a un acuerdo preliminar con el Parlamento Europeo ahora. Esto permitir a los ciudadanos europeos navegar más rápido utilizando fibra o 5G", apunta Petra de Sutter, viceprimera belga y ministra de empresas públicas, administración pública, correos y telecomunicaciones.

 

"Con la conclusión del diálogo tripartito, Bélgica demuestra su firme compromiso con un acceso rápido y óptimo a Internet para todos. Al unificar la red en todo el territorio, estamos construyendo puentes hacia un ecosistema europeo más amplio, demostrando nuestro interés en una armonización a escala europea. Esta iniciativa no sólo promoverá una conectividad rápida para nuestros conciudadanos, sino también economías de escala para los operadores y empresas involucradas", afirma Mathieu Michel, secretario de Estado belga de digitalización, simplificación administrativa, protección de la privacidad y regulación de la construcción.

 

Principales objetivos de la nueva legislación

La nueva ley tiene como objetivo reducir los costos innecesariamente altos del despliegue de la infraestructura de comunicaciones electrónicas, causados ​​en parte por los procedimientos de concesión de permisos antes del despliegue o actualización de las redes. Estos procedimientos siguen siendo complejos, a veces largos y diferentes según los Estados miembros. El reglamento también tiene como objetivo acelerar el despliegue de las redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia para todos los actores económicos involucrados y prever procesos de planificación y despliegue más eficientes para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Esta ley de carácter de armonización mínima también aborda el despliegue y el acceso a la infraestructura física interna. Se espera que facilite las aplicaciones transfronterizas y permita a las partes interesadas, operadores de comunicaciones electrónicas, fabricantes de equipos o empresas de ingeniería civil, lograr mejores economías de escala.

 

Las enmiendas de los colegisladores

El acuerdo provisional mantiene la orientación general de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, los colegisladores modificaron partes de la propuesta, principalmente en lo que respecta a los siguientes aspectos:

 

• Se introdujo un mecanismo de conciliación obligatorio entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones como paso intermedio para facilitar el procedimiento de concesión de permisos.
• Se incluyó una excepción por un período de transición para municipios más pequeños, así como disposiciones específicas para promover la conectividad en áreas rurales y remotas.
• Se aclararon los factores a la hora de calcular las condiciones justas y razonables de acceso.
• Se introdujo una disposición específica para abordar la presencia de intermediarios entre los propietarios de tierras y los operadores de infraestructuras
• Se acordaron disposiciones específicas sobre una etiqueta voluntaria de "listo para fibra" para edificios.
• En el texto se incluyeron varias excepciones para infraestructura nacional crítica.

 

Por último, dado que el actual precio minorista de las comunicaciones reguladas dentro de la UE expirará el 14 de mayo de 2024, el acuerdo provisional prevé la continuación de la protección de los consumidores, especialmente de los usuarios vulnerables, ampliando los límites de precios, que son 0,19 euros por minuto para llamadas y 0,06€ por mensaje SMS actualmente.

 

El acuerdo provisional garantiza en general que los estados miembros tengan una amplia autonomía para emitir normas más estrictas y detalladas sobre varios elementos importantes de esta nueva regulación. La nueva ley se aplicará 18 meses después de su entrada en vigor y algunas disposiciones específicas se aplicarán en una etapa posterior.

 

Fuente: https://nsl.consilium.europa.eu

 

 

 

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