La Junta de Castilla y León, pionera en el sector público de España al implantar la tramitación completamente automatizada de más de 300 contratos de suministros de energía eléctrica y servicios postales.

La automatización inteligente ha supuesto un gran avance en las relaciones electrónicas entre la Administración de Castilla y León y sus licitadores y contratistas, mejorando la eficiencia y la seguridad de los procesos de contratación administrativa, reduciendo el esfuerzo, los errores de gestión, los tiempos de tramitación y la variabilidad en los plazos.

 

Foto de Igor Omilaev en Unsplash

 

En la práctica, los licitadores y contratistas comprueban de forma casi inmediata que desde que presentan una solicitud en el registro electrónico, el sistema es capaz, en apenas segundos, de incorporarla automáticamente a su expediente digital e informarle simultáneamente del plazo máximo de que dispone la Administración para resolver su solicitud y las consecuencias jurídicas de la no resolución en plazo.

 

La segunda fase que ahora comienza, y que culminará en junio de 2026, supone la implantación de la tecnología robótica en los procesos contractuales, lo que permitirá la ejecución completamente autónoma de tareas rutinarias o auxiliares, facilitando la mayor integración posible entre los procedimientos implementados en la Plataforma de Contratación Administrativa Electrónica de la Junta de Castilla y León -Duero-, y la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda.

 

Con este avance, los empleados públicos responsables de la contratación de las obras, bienes y servicios que requiere la Administración de Castilla y León tendrán a su disposición la tecnología más moderna y eficiente, lo que redundará en una mejora global de la actuación administrativa.

 

Fuente: https://comunicacion.jcyl.es

 

 

Esta inversión en la robotización de tareas supone un innovador desafío tecnológico y constituye la segunda fase en la ejecución del Plan de Automatización Inteligente de los procesos contractuales que se aprobó en Consejo de Gobierno, en septiembre de 2022.

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